Auditorías de seguridad vial

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Realizamos auditorías de seguridad vial

para cualquier Administración Pública, tanto a nivel estatal como autonómico. Provincial o local y cualquier otra Administración que sea titular de una carretera o vía de comunicación.​

Las auditorías de Seguridad Vial son una herramienta muy útil para prevenir y minimizar los accidentes de circulación, así como reducir su gravedad.

En la Asociación española de investigadores de accidentes de tráfico te ofrecemos nuestros servicios para realizar este tipo de auditoría, o ayudarte con la sistematización del procedimiento.

 

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Realización de auditorías de seguridad vial en cualquier vía de comunicación; de metodología de elaboración de informes técnicos de accidentes de tráfico; y de la gestión del procedimiento sancionador en materia de tráfico, en Ayuntamientos o en el resto de Administraciones con competencias en materia de tráfico e imposición de sanciones.

Como es sobradamente conocido, hace algunos años que se han ido implementando las auditorías de seguridad vial, como trámite previo a la apertura al tráfico de las nuevas vías de comunicación, así como en el caso de obras de cierta envergadura en las ya existentes.
Sea como fuere, la carretera o vía es un factor sustancial en la potencial producción de accidentes de tráfico, por más que el núcleo de investigación se centré, de manera primordial, en el conductor y, ocasionalmente en el vehículo, sin que se incluya en el informe técnico el debido análisis de la infraestructura dada su condición de medio coadyuvante, cuando menos, en la causa del accidente.
En este sentido, no es infrecuente que la ausencia, indebida instalación o tipología de las barreras de protección, constituyan el detonante de un siniestro o en la agravación de las consecuencias, tal como sucede en algunos de los supuestos en los que un vehículo cae desde un paso elevado sobre una carretera o sobre una vía de ferrocarril, un canal o río, etc. En otras ocasiones, la instalación de refugios en el interior de túneles, la falta de cumplimiento de las normas aplicables en cuanto a características y equipamientos de las carreteras, así como de su conservación y mantenimiento, también producen o agravan los accidentes.
En suma, auditar una carretera con detalle y minuciosidad constituye una valiosa fuente de información esencial para erradicar aspectos tales como los puntos negros, al tiempo que se consigue que el nivel de servicio de la vía sea el más adecuado.
Las auditorias son un recurso al que puede acudir cualquier administración pública que ostente la titularidad de la vía de circulación y, a estos efectos, en nuestra Asociación hay 

asociados con la debida capacitación y formación para realizarlas.
Tal como señalábamos antes, en íntima relación con el estudio de la infraestructura está el informe técnico que, en cualquier accidente, han de realizar los agentes de la autoridad al tiempo de actuar en el lugar del siniestro, informe que se une, en su caso, a las diligencias y se incorpora en el correspondiente atestado.
Téngase en cuenta que del contenido general de lo actuado por los agentes intervinientes, se derivan las posibilidades de ejercicio de derechos de las partes implicadas y, a su vez, de las potestades públicas por parte de la Administración titular, sean de carácter sancionador o penal.
Por todo ello, resulta de vital importancia tanto la formación como la dotación de medios de los agentes responsables de la realización de informes técnicos de accidentes de tráfico, constituyendo esta función concreta uno más de los puntos fuertes en cuanto a capacidad formativa de nuestros asociados, en lo concerniente a metodología investigadora, bibliografía, etc.
En cuanto a la gestión del procedimiento sancionador, la finalidad primordial es cohonestar el interés de la Administración en hacer efectivas las sanciones y conseguir el efecto disuasorio de conductas indeseables para la seguridad vial, con el respeto de los derechos sustantivos y procedimentales del ciudadano.
A estos efectos, también en nuestra Asociación contamos con miembros con formación y capacidad suficientes para analizar los procedimientos, impresos, etc., que se utilizan en la gestión del ejercicio de la potestad sancionadora.

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